La burguesía separatista, con el patrocinio del PDeCAT y ERC, presenta en el Parlamento Catalán uno de los mayores proyectos de privatización conocidos: La “ley de contratos de servicios a las personas”. Es una ley creada a medida de las patronales del sector, para garantizarles seguridad jurídica y facilitar la realización de licitaciones. Facilitando la gestión privada de aquellos servicios públicos esenciales como los hospitalarios (ginecología o pediatría), servicios de educación especial o de planes de empleo entre una larga lista, los cuales son garantía de derechos fundamentales.
La Generalitat, se ha servido de seis años de procés como cortina de humo para que los recortes y la falta de proyecto durante los peores años de la crisis no les pasara factura electoralmente, con una administración en total bancarrota, y que necesitaba como fuera la cesión de nuevas competencias de Madrid que le permitieran dar solvencia a una administración endeudada y colapsada, y que tras esta nueva etapa política que comienza, aprovecha para dar inicio a la externalización de unos servicios que desmiembran lo que quedaba del estado de derecho en Cataluña.
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